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Suman a otras 6 prepagas a la demanda judicial y crece la polémica por la devolución del dinero

Serán 29 en total las prepagas incluidas en el amparo de la Superintendencia.

El 27 de mayo deben decirle al juez cómo devolverán lo cobrado de más.

El Gobierno dicen que debe ser sin intereses, pero afiliados reclaman un ajuste.

Las prepagas tienen algunos días por delante todavía para tener listos sus planes de devolución del dinero cobrado de más en las cuotas de enero, febrero, marzo y abril. Las de mayo, por orden judicial, ya tuvieron que ser ajustadas por el Indice de Precios al Consumidor (IPC). El lunes 27 de mayo habrá una audiencia del juez Juan Rafael Stinco con las prepagas involucradas en su fallo.

Hasta ahora son 23 las prepagas incluidas en el amparo, pero la Superintendencia de Servicios de Salud le confirmó a Clarín que es inminente que se sumen otras seis: son Sociedad Española de Beneficencia y Mutualidad, Cobensil, Medicals, Programa de Salud S.A, Centro Médico Pueyrredon y Medin S.A. El total de 29 empresas representan al 98 por ciento de los afiliados.

Estas seis se suman a las otras 23: OSDE, Swiss Medical, Medicus, Omint, Galeno, Medifé, Hospital Italiano, Obra Social Luis Pasteur, Hominis, Medicina Esencial, Asociación Mutual del Personal Jerárquico de Bancos Oficiales Nacionales, Obra Social de la Union del Personal Civil de la Nación, Mutual Federal 25 de junio, ACA Salud, Sancor Salud, Prevención Salud, Sistema Integrado de Prestadores de Salud S.A., MET Córdoba, Hospital Alemán, Grupo DDM, Hospital Británico, Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas y Círculo Médico de Lomas de Zamora.

Clarín consultó a la SSS sobre este punto y la respuesta redunda en que la acción no tendría que ver tanto con una reparación real sino con un gesto más bien simbólico en función del valor que tendrá ese dinero. “Se armó una sugerencia de plan de devolución que sea sostenible para el sistema”, dijeron las fuentes de ese organismo consultadas.

La respuesta oficial tiene su correlato en el discurso de varias prepagas, que tras conocerse el fallo de Stinco aseguraron que la doble imposición judicial hacía inviable el negocio de la medicina privada. Esto es, por un lado la rebaja de las cuotas para ajustarlas por inflación y por otro la devolución del dinero cobrado de más. De no estar efectivamente atada a intereses esa deuda de las empresas con sus afiliados, el costo de la obligación se terminaría licuando.

Eso es precisamente lo que cuestionan los que venían llevando adelante amparos colectivos que todavía están en curso. Según pudo saber Clarín, en una reciente audiencia en el marco de una de esas causas, una importante prepaga habría ofrecido hacer una devolución del dinero en un lapso de ocho o nueve meses, pero sujeta a intereses, lo que sería toda una novedad. Esa situación estaría por resolverse en las próximas horas.

De todos modos, es probable que finalmente haya una normalización de todos los conflictos judiciales todavía abiertos en el país, que tomen como parámetro lo que se decida en la causa del Estado contra las prepagas, capítulo que empezará a dilucidarse en la audiencia del próximo 27 de mayo.

Valeria Carreras es una de las abogadas que lleva adelante uno de los amparos colectivos y explicó en diálogo con Clarín por qué considera que la devolución del dinero debería ser ajustado con intereses. “Sería pertinente y justo que los montos percibidos por las prepagas durante el cuatrimestre del 2024 sean reintegrados con el valor actualizado. En modo alguno puede devolverse en cuotas a descontar de las facturas mensuales por el servicio de salud, al valor nominal histórico, cuando las cuotas están actualizadas mes a mes por el IPC. No se ajusta a derecho”.

Fuentes de una importante prepaga dijeron a Clarín: “Lo que la Superintendencia nos diga lo vamos a hacer, aunque no estemos de acuerdo”, aunque en realidad sea en la Justicia donde todo esto se terminaría dirimiendo. A priori, en base al reclamo de la SSS, la posición a partir del reclamo empresario parece ser no apretar todavía más las tuercas de lo que ya las han apretado.

Magonza, que además es director general del CEMIC, puso toda la cuestión de la devolución en discusión. “Esto va a terminar en un proceso con todos sentados hablando en una mesa. El tema de los intereses sería, tal vez, en el hipotético caso de que no nos den la razon. Pero la pregunta es: si liberaron los precios porque estaban reprimidos, ¿por qué razón vamos a tener un ajuste por costo de vida cuando los costos de la salud son mayores? No hay capacidad de devolución. Supuestamente el juez nos va a escuchar, porque si nos van a condenar directamente no nos hubieran llamado”.

PS

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