La defensa cuestionó la actitud “detectivesca” de la querella. Un peritaje terminó determinando la falsedad de las joyas ofrecidas
Dos marcas de joyas de primer nivel hicieron un “monitoreo en línea” para detectar venta online de versiones falsas de sus productos. Fue así que dieron con la página web y redes sociales de un comercio que ofrecía sus alhajas. La apoderada de las empresas se contactó a través de la red social Instagram, simuló ser clienta y se mostró interesada en una compra que finalmente pactó. El domicilio de entrega fue un local en el microcentro porteño. Hacia allí se dirigió y luego presentó una denuncia penal por infracción a la Ley de Marcas. Este tipo de delito es considerado de competencia federal y tramita en los tribunales de excepción de Comodoro Py 2002.
La situación derivó en una controversia con la defensa de quien resultó acusado: sus abogados exigieron la nulidad de todo lo que se hizo y dijeron que se trató “de una práctica propia de un delito experimental” sin intervención judicial y que no puede permitirse. “Las autoridades no pueden admitir ni fomentar” este tipo de prácticas, advirtieron.
Todo comenzó el 7 de julio de 2022 cuando la apoderada de dos empresas de joyas denunció que “a través del servicio de monitoreo en línea realizado por las mencionadas compañías, en el sitio web del comercio y sus redes sociales en Facebook e Instagram observaron publicaciones en las que se ofrecerían a la venta y se comercializarían accesorios y estuches para joyería de las mencionadas marcas, presumiblemente falsificadas”.
La denunciante explicó que se entabló contacto con ese usuario, mediante Instagram, en aras de simular interés en los productos puestos a la venta y, de ese modo, lograr conocerlos y verificarlos. “A tal fin concretó una compra y el lugar de entrega fue en un local” en el cual “personal de la empresa corroboró que allí se podían adquirir “artículos de joyería” que ostentaban logotipos correspondientes” a las marcas en cuestión.
Con esa información en la denuncia, el juzgado federal 4 a cargo de Ariel Lijo dispuso tareas de investigación, ordenó allanar el lugar y secuestró mercadería en supuesta infracción a la Ley de Marcas 22362. La defensa cuestionó el modo de proceder de la querella,” indicando que la causa habría tenido como origen una práctica propia de un delito experimental, que las autoridades no pueden admitir ni fomentar”.
En concreto se refirió a la actitud detectivesca de la querella, que sin intervención de juez alguno simuló ser clienta para realizar la compra antes de denunciar los hechos. “Además, puso en crítica la veracidad de las pruebas aportadas en la denuncia por cuanto no existió una cadena de custodia prudente que brinde autenticidad a los datos aportados”, se resumió en la apelación.
La discusión sobre las alhajas (foto ilustrativa)